Lo primero: incumplir el déficit no es malo, para eso están los préstamos sin los cuales no existiría la banca.

El déficit de un país depende tanto de los ingresos como de los gastos. Esto es de cajón: a menos gasto menos déficit, pero a más ingresos también menos déficit.

En 2013, Bruselas impuso al gobierno español la creación, por Ley Orgánica, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Que, aunque pertenece al Ministerio de Hacienda, es independiente ¿pero de quién?.

Según dice en su web “Su misión es garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público”. Este artículo de la Constitución es el que modificaron PP y PSOE, con nocturnidad y alevosía, para garantizar que el Estado pagaría su deuda de manera prioritaria a las necesidades sociales, es decir, recortando en derechos (Salud, Educación, Seguridad Social, etc.).

Es decir, las empresas pueden endeudarse pero el Estado no (planteamiento neoliberal).

En su página web, también dice: “El ámbito de actuación de la AIReF impacta en elementos clave de todas las Administraciones Públicas y, por tanto, afecta de lleno las decisiones en torno a las cuentas públicas y a los principales capítulos de gasto e inversión, como Educación, Sanidad y Obra Pública, entre otros”. No habla de Gasto Militar, por ejemplo, ni tampoco de disminuir las elusiones fiscales para recaudar más de los ricos.

Se puede ver con claridad que este es el vigilante que la UE le ha puesto al Ministerio de Hacienda para que siga haciendo recortes sociales. La Unión Europea se ha convertido en una organización al servicio de las grandes corporaciones y el sistema de la alternancia bipartidista en el gobierno el órgano ejecutor de este abuso.

Estamos pagando órganos de la administración cuya función es perjudicarnos. ¿Lo podremos cambiar en las próximas elecciones?