La aplicación de estrategias empresariales a la gestión de los servicios públicos supone subordinar TODO a los beneficios económicos y está obteniendo unos resultados de catástrofe natural, con numerosos muertos en su haber.
Cuando a la gestión de un servicio social se le aplica el principio del “máximo beneficio” (para el que lo aplica) o mínimo gasto, se desploma la calidad del servicio y pasa a ser un negocio que, a largo plazo, se desplaza hacia la quiebra. Pero ahora, todos los negocios son a corto plazo.
Aplicar a la salud o a la educación el principio básico “mano de obra barata”, disminuyendo el personal y despidiendo a los trabajadores con mayor experiencia para evitar sus “trienios”, como está haciendo la Comunidad de Madrid con 500 médicos de 65 años, es una estocada mortal a la calidad del servicio. No es que todos sean excelentes, pero es que al quitar el tapón se irá el niño junto con el agua sucia. Se está gestionando mal lo público, pero no porque lo privado gestione mejor, más bien porque hay interés en destrozar lo público.
Los políticos que están ejecutando estas medidas, sean del PP o del PSOE, deben ir a la cárcel por malversación de bienes públicos. Están robando bienes de todos los españoles para dárselos a grupos financieros que más tarde les revertirán a ellos mismos. Rodrigo Rato, con imputaciones por Bankia, ya está a sueldo de la Telefónica que privatizó.
Esto es un robo y deberían pagar por ello.
