Terrorismo empresarial

En los últimos tiempos, sobre todo después de la Reforma Laboral, estábamos acostumbrándonos a que los empresarios atentaran con mucha frecuencia contra los derechos de los trabajadores, incluso contra su derecho a la subsistencia, con salarios de miseria y condiciones de esclavitud. Curiosamente, se acabó ETA y ahora atacan empresarios y financieros.

La verdad es que nos extrañaba que, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, atacaran las capacidades de consumo de sus trabajadores porque es tirar piedras contra su propio tejado, ya que son ellos los que compran sus productos o servicios.

Hoy, por fin, un empresario ha atacado en la buena dirección, en la del partido del gobierno que se ha puesto del lado de las empresas del Ibex y en contra de las pequeñas y medianas y sobre todo de los españoles en general. Claro que un grano no hace granero.

Los ciudadanos llevan años saliendo a la calle para protestar contra los ataques a sus derechos, pero los pequeños y medianos empresarios, que son igual de perjudicados que ellos, no hacen nada para conseguir unas políticas más justas. A ver si con el episodio de hoy en la calle Génova, se dan cuenta, por fin, de quienes son sus enemigos y los nuestros. Porque parecen un poco torpes.

Y hablando de torpes, la presencia de los dirigentes sindicales en el acto de caridad navideña a los parados, tan propia de gobiernos derechistas y católicos, resultó francamente patética.

Terrorismo legislativo

El PP ha impuesto una Ley, aprovechando su mayoría absoluta en el Congreso, que restringe las libertades individuales que tutela la Constitución y que atribuye a la Administración (es decir, a ellos mismos), al margen de la Justicia, la capacidad de poner multas a los ciudadanos de hasta 600.000 euros a ciudadanos que no disponen de ellos, porque los que los tienen no van a ser castigados con esta Ley.

Soledad Gallego-Díaz, muestra hoy su extrañeza por una Ley que no responde a ninguna necesidad de los ciudadanos, quizá no repara en que responde exclusivamente a una necesidad del Gobierno. Un Gobierno que, desde que se creó, está gobernando a favor de los poderosos y en contra de los ciudadanos y que ha logrado que España sea el segundo país de Europa con mayor desigualdad y que además está implicado en numerosos casos de corrupción, no puede estar tranquilo en un sistema democrático porque teme la respuesta (democrática) de los ciudadanos. Por eso, trata de blindarse contra todos sembrando el terror.

¿Merece la pena llevar esta Ley al tribunal Constitucional? Este tribunal ha mostrado su ineficacia tardando años en dictar sentencias. ¿Qué salida queda? ¿Ocupar el Congreso para que no sigan haciendo terrorismo legislativo? Esto no es digno de una Democracia, pero quizá sea eso lo que están tratando de provocar. No olvidemos que la Dictadura de Primo de Rivera evitó que se difundiera el estudio sobre la corrupción de la Guerra de África.

El ocaso del postfranquismo

Los últimos años del franquismo fueron muy duros en España. En los años 70 hubo más ajusticiamientos políticos que en los 60. El régimen sentía su agonía y trataba de morir matando.

Lo mismo está pasando con este gobierno corrupto. Endurece la represión con una ley mordaza que prohibe fotografiar o grabar a las fuerzas represivas y amenaza con multas desorbitadas por ejercer derechos fundamentales que garantiza la Constitución.

PP y Gobierno están amedrentando a los ciudadanos y neutralizando a la Justicia (caso Juez Ruz) para tratar de librarse de la cárcel. Pero antes de que pierdan las elecciones van a terminar de destrozar el país, privatizando y regalando a sus compinches todo el patrimonio común que puedan.

Están descapitalizando el metro de Madrid y el Canal de Isabel II, que es un servicio público de aguas rentable y de calidad. Lo están endeudando para justificar su privatización. Están vendiendo a fondos “buitre” las viviendas destinadas a alquiler para vecinos en peligro de exclusión social, violando el principio básico para el que se crearon. Paralizada judicialmente la privatización de hospitales, están derivando a pacientes a los privados para priorizar el beneficio privado.

Estos gobiernos (estatal, regional y municipal) están destrozando su función pública. Debería paralizarse el Congreso porque, hasta que lleguen las elecciones, la mayoría absoluta del PP va a tratar de seguir haciendo leyes, en contra de los demás partidos y a favor de las mafias financieras que les patrocinan.

O hacemos caer el gobierno o nos van a dejar sin camisa.

Nada que celebrar

Los políticos del sistema han madrugado hoy para izar la aznariana bandera de España en la plaza de Colón madrileña.

Muy propio, que celebren una Constitución moribunda y caduca en una plaza que lleva el nombre de un “conquistador” de hace 500 años. Es la españa eterna, la de los terratenientes, los del imperio hacia dios, el postfranquismo. Por cierto, la españa de esa época eran el reino de Castilla, el de Aragón, el de Navarra y el de Granada.

Hoy al pueblo llano le importa muy poco una Constitución que nadie respeta, sobre todo políticos y banqueros, una “Unidad de España” que no se sabe bien lo que es porque por encima de España han impuesto el Mercado y toda una serie de mentiras que se han inventado para que los ricos sean cada vez más ricos a costa de los menos ricos que seguiremos siendo, si esto sigue así, cada vez más pobres.

El pueblo llano no tiene hoy nada que celebrar. ¿Que vamos a celebrar? ¿El hambre y la miseria que florecen de nuevo como no veíamos desde los años 50?. Políticos y banqueros siguen con su teatro fingiendo que hay democracia, Estado de Derecho, y otros decorados que ellos mismos se han encargado de que sean meros telones de fondo para adornar y distraer mientras nos siguen robando.

Esta Constitución, como muchas otras instituciones del Estado, después de tantas violaciones está muerta y más vale que nos pongamos a forjar una nueva que defienda los intereses no de España, sino de los españoles.

¿Justicia?

Tenemos, en proporción, la mitad de jueces que otros países europeos y medios insuficientes. Además, cuando la judicatura está pidiendo más medios, mayor plazo para la prescripción de los delitos de corrupción y expertos en los nuevos delitos, el gobierno, sin concederlo, pretende limitar la instrucción de los casos a 6 meses.

Es posible que, en unos días, retiren al juez Ruz, que está en comisión de servicio, para poner a otro juez en comisión de servicio, que tardará años en ponerse al día sobre la inmensa labor de Ruz. El Gobierno parece que pretende aplicar la “doctrina Carlos Fabra”: once años y nueve jueces para encausar un delito que acaba siendo de cuatro años de cárcel.

Desde la “doctrina Botín” cada vez hay más “doctrinas” para proteger a las élites. La judicatura, como los profesionales de la salud, la educación y la administración en general, pretenden hacer bien su trabajo pero, en manos de un gobierno corrupto y aterrado, esta tarea se vuelve imposible.

Cuanto más dure este gobierno, peor nos irán las cosas. Sólo piensan en librarse de la cárcel a cualquier precio.

De ministro socialfilipista a tecnócrata

La trayectoria pública política y vital de Javier Solana es bien conocida. Socialista-filipista, ministro de Exteriores, OTAN de entrada NO, Secretario General de la OTAN cuando los bombardeos de Servia, profesor en la escuela de negocios ESADE, patronato de la Caixa …

El País le presta hoy su Tribuna para que predique la recuperación: “Lo que va bien en el mundo. El pesimismo que causa la inestabilidad global tiene notorias excepciones” y el profesor de ESADE convertido en tecnócrata, con un lenguaje apropiado a su nuevo traje: “el E3+3”, “ la creación de un Hub Global de Infraestructuras” (se refiere a un Lobby formado por “Gobiernos, sector privado, bancos de desarrollo y otras organizaciones internacionales”) …. y la ponderación académica necesaria, defiende los intereses de sus patrocinadores, lo que Oxfam ha llamado “Gobernar para las élites”.

Su coherencia de antiguo Secretario General de la OTAN es innegable. Ahora defiende con ideas lo que la OTAN defiende con las armas. Su firma lo dice todo: Javier Solana es distinguished senior fellowen la Brookings Institution y presidente de ESADEgeo, el Centro de Economía y Geopolítica Global de ESADE.

Parece que este distinguido profesor no ha leído los informes de Oxfam y Cáritas. Es lógico, cada uno lee lo que le interesa en función de los intereses que defiende y los tecnócratas, ya se sabe, siempre defienden a los mismos. En España lo sabemos bien, los tecnócratas del franquismo eran del Opus Dei.

Que se joda Andrea Fabra

Hay días que uno se despierta con ánimo porque piensa que puede confiar un poco en la Justicia, no demasiado, porque si para encarcelar a un político corrupto han hecho falta once años y nueve jueces, la cosa no es como para echar las campanas al vuelo.

En ese estado de ánimo, me permito cantar una copla de Diego Escusol:

Que se jodan los que piensan que tienen impunidad,
que se jodan los que dicen: “solo es mía la verdad”,
que se joda ese listo que es mas loco que una cabra. Y si soy parado digo:
Que se joda Andrea Fabra.

Justicia Militar

Mientras el expresidente de Baleares Jaume Matas disfruta de libertad, por estar plenamente integrado en la sociedad, aunque no arrepentido de sus delitos; el teniente Segura está de nuevo arrestado, de manera preventiva, incomunicado y sin las medicinas que necesita, por la Justicia Militar como consecuencia de sus denuncias de irregularidades en la gestión del Ejército. Se ve que este teniente que se ha significado por la denuncia de la corrupción, es considerado un gran peligro, al menos para el Ejército.

Aunque el artículo 14 de la Constitución dice que los españoles son iguales ante la Ley, ésta no trata igual a los corruptos que a los que denuncian la corrupción. Claro que en el siglo XXI y en un país supuestamente democrático, que siga existiendo una Justicia Militar, al margen de la Justicia, no deja de ser algo, cuando menos, incomprensible, cuando siempre se ha dicho que la Justicia Militar es a la Justicia, lo que la música militar a la Música.

Que el Teniente General Jefe de la base de la OTAN en Valencia proponga restablecer la mili para enseñar a los jóvenes españoles educación y solidaridad, parece indicar que como no tienen mucho trabajo en lo suyo, quieren arrogarse otras tareas como la Educación. Nos parece una broma de mal gusto para los que hicimos una mili en la que todo se ordenaba y se hacía “por cojones”.

Quizá no tengan mucho trabajo, pero su presupuesto crece cada año, al contrario que los dedicados a servicios básicos de los españoles.

Los intereses de España

Dos activistas de Greenpeace han sido heridos al ser atacados por lanchas de la Armada Española cuando trataban de manifestar su disconformidad con las exploraciones petrolíferas de Canarias.

El ministerio de Defensa ha declarado (según El País): “La defensa de los intereses vitales y estratégicos de España es un objetivo primordial de la Seguridad Nacional, y la libertad de explotación de los recursos energéticos disponibles debe considerarse en ese ámbito”. Este ministerio, como muchos otros, llevan bastante tiempo confundiendo los intereses vitales y estratégicos de España con los de las grandes empresas y poniendo todos tipo de recursos en su defensa.

Estos recursos, que lógicamente proceden de los impuestos, los ponemos nosotros, la mayoría de los españoles, porque como demuestra Oxfam en su informe de mayo de 2014, el 90% de la recaudación tributaria procede de las familias y sólo el 2% de las grandes empresas. Nosotros pagamos la defensa de los intereses de las grandes empresas mientras ellas nos sangran: tenemos las tarifas eléctricas y telefónicas entre las más caras de Europa, y ocultan sus ganancias en paraísos fiscales.

Este gobierno confunde los intereses de las grandes empresas con los de España, porque o trabaja para ellas o aspira a hacerlo. Esto es parte importante de la corrupción.

El ejército, está en la misma línea, defiende los intereses de Repsol en Canarias, igual que lo hace en diversos conflictos internacionales. A eso se dedica, a pesar de que lo pagamos nosotros.

Empresarios

El Consejo Empresarial para la Competitividad, formado por las 18 mayores empresas españolas y encabezado por Telefónica, propone una serie de medidas para crear empleo que, según ellos, es el mayor problema de los españoles.

No contemplan la corrupción porque se basa en la complicidad de políticos y empresarios y la mayor parte de las medidas que proponen consisten en reforzar las políticas actuales que tan mal resultado están dando para nosotros y tan bueno para ellos. Porque estas grandes empresas son las que se están beneficiando de la crisis.

Les preocupa la economía sumergida y el fraude laboral, por lo que piden que se aumenten los inspectores laborales, medida que perjudicaría más a las pequeñas y medianas empresas que serían las más perjudicadas. Perseguir el fraude laboral, como todo fraude, siempre será bien recibido por todos, pero es mucho más grave el fraude fiscal y no piden ni más inspectores fiscales ni medidas contra los paraísos fiscales que es lo que nos convendría a la mayoría de los españoles. En cambio piden tratamientos fiscales más favorables y subida de los impuestos indirectos, cuando las familias estamos tributando por encima del 22% y ellos alrededor del 2%.

Piden que se favorezca el engrosamiento de las empresas, lo que ayudaría a debilitar la competencia, cuando gracias a los acuerdos ilegales y a la fortaleza de estas 18 grandes empresas, los españoles tenemos la telefonía y la energía más cara de Europa.

Piden una política energética sostenible basada en el apoyo al fracking en lugar de a las energías renovables. Su cinismo no tiene límites.

Este sesudo informe de las empresas que están gobernando el país, huele a propuesta que no podrán rechazar PP y PSOE, de cara a recibir “ayudas” para las próximas elecciones. Para la mayoría de los españoles los políticos del bipartidismo no tienen ninguna credibilidad, pero los grandes empresarios tampoco, porque todos están en el mismo “negocio”.