Un silencio atronador

Que grupos de militares manifiesten su deseo de fusilar a 26 millones de españoles (ellos dicen hijos de puta), que pidan al presidente de otro país que intervenga el ejército y las fuerzas de seguridad españolas para derribar al gobierno que dicen ilegítimo, cuando ha sido elegido por la mayoría de los españoles (esto antes se llamaba traición a la Patria) y que el Jefe del Ejército (S. M. el Rey), la Ministra de Defensa, el Presidente del Gobierno, la Fiscalía, …, no tomen cartas en el asunto es asombroso -y bastante alarmante-, porque estamos pagando a unos fulanos para que nos defiendan y nos quieren fusilar.

El trifachito y su armada mediática, que se dicen constitucionales, tampoco se dan por aludidos. A veces les hacen la ola.

Por mucho menos, twiteros han ido a la cárcel, o han estado a punto, acusados de apología del terrorismo; políticos catalanes están en la cárcel, acusados de sedición, y parece que sólo los militares tienen libertad de expresión, aunque no todos, porque cuando la exhumación del Dictador sólo fueron penalizados militares que se manifestaron a favor de la Constitución. ¿El mundo al revés? ¿Volvemos a la Dictadura, militar por supuesto?, porque las leyes Mordaza, ahí siguen.

Tenemos un ejército con sobrecarga de Jefes y Oficiales ¿Por qué no se cierran las academias militares y se modifican los planes de estudio que generan militares golpistas?

En Alemania, el gobierno ha disuelto dos batallones por contaminación ultraderechista y aquí ¡no pasa nada!. ¿Por qué no funcionan las instituciones? ¿Quién manda aquí? ¿Nadie nos dará explicaciones a los que financiamos, con nuestros impuestos, todas esas instituciones?

Otro golpe de mano en PRISA

La guerra, en esta empresa en crisis, viene de atrás. Las necesidades de ampliación de capital han provocado la entrada de grandes fondos de inversión extranjeros y en 2017, Amber (fondo norteamericano con un primer accionista azerbayano) es el mayor accionista con 29,84% del capital. El mayor accionista siguiente es Telefónica, con 9,44%, y a continuación vienen el banco británico HSBC, la familia Polanco, un jeque qatarí, el mexicano Carlos Slim, el Banco Santander, otro mexicano …

Pues bien, en 2017, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, Amber desaloja de la presidencia a Juan Luis Cebrián acusándole de haber llevado la empresa a la ruina (más de mil millones de deuda) y nombra directora de El País a Soledad Gallego-Díaz, buscando mejorar la relación de la empresa con el nuevo gobierno,ya que antes apoyaba a Ciudadanos. Como contraprestación al otro bando, entra Javier Monzón como presidente no ejecutivo de PRISA.

Javier Monzón, había sido nombrado presidente de Indra, la mayor empresa española de armamento, por Felipe González cuando comenzó a privatizarla y, tiempo después, Indra compró una empresa de informática del hijo de González, asegurándole un puesto blindado en la empresa. Monzón, años después, fue despedido de Indra y recogido por el Banco Santander como presidente de su filial Open Bank. Monzón y González forman trío con Juan Luis Cebrián, socio de negocios de González. Todos ellos, y el B. Santander incluído, promueven un cambio de gobierno que sustituya en la coalición a Unidas Podemos por el PP.

En 2019, PRISA perdió 182 millones de euros y en junio de 2020, aprovechando la junta general de accionistas y sin contar con Amber, el grupo Monzón, González, Santander … cambia la dirección de El País, que había contemporizado con el gobierno de coalición, y sustituye a Soledad Gallego-Díaz por Javier Moreno, hombre de J.L. Cebrián, que vuelve a poner el periódico en posiciones críticas con el gobierno.

Ayer viernes, en una junta extraordinaria de accionistas, el mayor accionista de Amber –Joseph Oughourlian, con el apoyo de Telefónica y otros, destituye a Javier Monzón y, mientras encuentran la persona adecuada, se coloca él mismo como presidente de PRISA.

Se supone que el paso siguiente será cambiar la dirección de El País hacia una política informativa más favorable al gobierno de coalición.

Empresarios y solidaridad ¿Son términos incompatibles?

El presidente de la patronal pide ayudas para las empresas y se opone al aumento del salario mínimo interprofesional como están haciendo los países más serios de Europa.

Puede parecer lógico que la CEOE pida ayudas al Estado, aunque sería más aceptable si no estuviera en contra del Estado como todo neoliberal “bien criado”. Porque lo de privatizar ganancias y socializar pérdidas es lo más parecido a una estafa, sobre todo cuando se disfraza de beneficioso para los trabajadores.

El economista Rodolfo Rieznik dice: “En España se han destinado a las rentas de las personas un 3,3% del PIB y otro 14,2 % del PIB a sostener financieramente a las empresas, 4 veces las ayudas directas a la gente. […] En los grandes países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido sólo en ayudas directas e indirectas a la gente, se desembolsaron entre el 8% y el 12%.”

Otros lo expresan diciendo que de cada 5 euros de ayudas, 4 van a las empresas, que paradógicamente son las que porcentualmente menos aportan al fondo común de la Agencia Tributaria: 84% las familias y el resto las empresas y las grandes fortunas. Pero la patronal también asegura que no es el momento para subirles los impuestos a los ricos.

La herencia histórica es nefasta. España es uno de los pocos países europeos desarrollados que no tuvo burguesía ni, por tanto, desarrollo industrial apreciable en el siglo XIX. Lo que llaman Imperio Español, dejó una triste herencia. A Velázquez le negaban el honor de la Orden de Santiago porque trabajaba. Aquí los ricos de toda la vida son aristócratas rancios que en su ADN azul llevan el gen del rentista y las empresas que han ido desarrollando con ese gen son tan rancias como sus promotores y, siguiendo la tradición, sólo saben competir explotando a los trabajadores.

Saben tan poco de economía que no comprenden que bajando los salarios se estrangula el consumo y si no hay consumo, y tampoco se exporta -porque no hay innovación-, esto no puede ir bien. Aún no se han enterado que hace 100 años Ford descubrió que, si subía los salarios, hasta sus obreros comprarían sus coches y triunfó.

Curiosamente, parece que en el Gobierno, que se dice progresista, algunos apoyan a la patronal.

Los militares franquistas se resisten a abandonar la política

Hace unos días, el ABC publicaba un artículo, con reclamo de Historia, en el que se explicaba la “puñalada” de Azaña a Franco cuando, al principio de la República, el gobierno cerró la Academia de Zaragoza que aquel dirigía ¿una forma de justificar la que Franco nos dio después a todos los españoles?. Es evidente que el “historiador” de ABC y el propio diario parecen no reconocer la autoridad del Gobierno sobre el Ejército y también hace unos días otra noticia de varios periódicos criticaba la posibilidad de que tal institución abandonara San Sebastián, para habilitar suelo para viviendas, a pesar de que hay instalaciones militares en las tres provincias vascas. La armada mediática muestra así su nueva campaña militar.

En este contexto, unos centenares de exjefes militares jubilados escriben cartas al Rey esgrimiendo las viejas razones de la ultraderecha sobre la rotura de España y el gobierno de los comunistas.

A los que nos deseducaron en el franquismo, nos atemorizaban diciendo que si venían los comunistas nos quitarían nuestras casas. Ya de mayores hemos visto que quienes las quitan son los bancos, pero ellos siguen con el mismo rollo.

Terrorismo y comunismo son los fantasmas que agita la derecha para tratar de mantener los privilegios y fraudes fiscales de los más ricos. Entre los lacayos agitadores aparecen ahora exmilitares que, coreados por la armada mediática, vuelven a sentirse protagonistas, como en el franquismo, tras perder el protagonismo que les daban el uniforme y las medallas.

El archicorrupto PP se ríe bajito -y les aplaude con disimulo-, pensando que un golpe de Estado (militar, por supuesto), les libraría de tanto juicio molesto como les queda por soportar a pesar de tener bastante controlados a los jueces.

El Gobierno, toleró la revuelta militar cuando la exhumación del Dictador y no parece que esté decidido a explicar claramente a los militares cerriles quién manda aquí. Claro que su ministra, es la preferida de la derecha. El Catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, hablaba hace unos días de la “ambigüedad constitucional”, lo que aconsejaría una posición más clara del Gobierno y del Rey, porque, como decía mi abuela, el que calla, otorga.

Tampoco estaría mal que el Ministerio de Educación revisara los planes de estudios de las academias militares y de los cuerpos de Seguridad del Estado, porque la educación militar es probable que se parezca a la justicia y a la música militar.

Mentiras Mediáticas: Gobierno y oposición no se ponen de acuerdo

Este es el mensaje que llevan enviando, desde hace meses, los medios de derechas (todos los periódicos de papel, por ejemplo, y gran parte de los informativos de radio y televisión, incluída RNE).

Sería más correcto decir: “El PP, mayor partido de la oposición, no puede pactar en el gobierno porque se lo come VOX y porque necesita tener controlado el gobierno de los jueces”.

¿Demasiado largo para un titular? Es posible, pero es más correcto que culpar a ambos bandos de la falta de acuerdo.

También se podría decir: “El PP no puede pactar con el gobierno” y sería correcto, pero muchos accionistas de los medios tratarían de evitarlo. Prefieren la equidistancia aunque no guarde relación con la realidad. Prefieren hacer ficción en vez de contar las cosas como son, los accionistas mandan.

Ignacio Escolar, en elDiario.es, explicó el 21 de septiembre, con todo lujo de detalles, como el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que nombra a los jueces que juzgan los procesos de aforados (políticos corruptos protegidos por su función representativa, desde diputados y senadores hasta el Emérito), en 1995 estaba compuesto por siete jueces progresistas y seis conservadores y hoy por once conservadores y dos progresistas y hace dos años que caducó su mandato pero el PP, como ha hecho siempre que perdía el poder, se niega a renovarlo como manda la Constitución.

Todos sabemos que el PP archicorrupto tiene un montón de procesos pendientes de los que sólo se puede librar si consigue colocar, en los puestos clave, jueces de su cuerda.

Todos sabemos que hay cuatro asociaciones de jueces, tres conservadoras y una progresista, lo que nos da una idea de la composición de la judicatura.

Esto lo sabemos todos, pero la mayoría de los periodistas hacen como que lo ignoran o sus empresas les obligan a ocultarlo.

Un informe del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford coloca a los medios españoles en segundo lugar por falta de credibilidad entre los medios europeos y aquí no pasa nada.

La Constitución proclama el derecho a los españoles a una información de calidad, pero ningún gobierno ha defendido este derecho y no puede haber democracia sin unos ciudadanos bien informados, claro que tampoco ningun gobierno ha defendido el derecho a techo y comida y, en plena pandemia continúan los deshaucios.

Esta mañana, después de las nueve, Iñigo Alfonso entrevistaba en RNE a Pablo Echenique y tras preguntarle por la denuncia que le acusa de malversación de fondos públicos y de dar éste toda clase de explicaciones y de como la derecha les ha puesto pleitos varios sin que ninguno haya sido tenido en cuenta por los jueces, el periodista cerraba la entrevista hablando del enfrentamiento de Podemos con los medios, cuando el enfrentamiento es de los medios de derechas contra Podemos.

¿Por qué muchos periodistas lo entienden todo al revés?