Así titula El País de hoy uno de sus editoriales en el que critica “una manera de concebir la intervención pública como provocación y con el manifiesto afán de sacar partido a la vieja polarización entre laicos y católicos que debería quedar simplemente para las hemerotecas”.

El País se apunta a los “argumentos” de la vieja derecha y llega a decir que “Lo peor es que todo el mundo se ha apuntado al bombardeo” cuando eso  es  lo que está haciendo el propio diario.

La provocación con el cuerpo más o menos descubierto se hizo frecuente en los movimientos contraculturales de la puritana EEUU en los sesenta (contra la guerra de Vietnam, por ejemplo). En España perdió sentido en los primeros años de la transición porque el desnudo dejó de ser tabú y ha vuelto ahora con Femen por el retorno al conservadurismo que ha recuperado el triunfo del neoliberalismo. Esto no es una provocación inmadura, como dice El País, es una denuncia de la vieja moral judeocristiana que defiende la ideología neoliberal y, sobre todo, es una herramienta para las personas que no tienen otras más efectivas como las que usa el poder. Es más bien una reutilización a la contra del poder mediático que siempre entra al trapo de estas provocaciones porque el desnudo femenino vende y son los medios los que convierten la política en espectáculo.

La polarización entre laicos y católicos es la herencia de siglos de abuso de privilegios eclesiásticos. Aún están candentes los problema tributarios y el de la apropiación por parte de la Iglesia de terrenos y edificios de uso público, algunos tan relevantes como la mezquita de Córdoba. No son hechos del pasado como trata de hacer ver El País. Es un problema permanente de élites económico-religiosas que atentan contra los derechos de la mayoría.

El delito de “ofensa a los sentimientos religiosos” que ha esgrimido la jueza es un arma jurídica del nacionalcatolicismo, porque sólo se usa en defensa de los sentimientos católicos, raramente contra los de otras religiones y nunca contra los de los ateos.

Hay otros sentimientos, más cercanos a los derechos humanos, como es la solidaridad que se ven ofendidos por las políticas de aumento de la pobreza, los desahucios o la venta de viviendas de protección oficial a fondos buitre, que no son considerados delitos en un sistema de justicia que funciona como arma para la defensa de los intereses del capital.

El espectáculo Maestre no es más que otro ataque a las nuevas políticas municipales, con sus armas judiciales y mediáticas, por parte de bancos, financieras y constructoras que han dominado la política municipal con el PP.