Las grandes industrias farmacéuticas, dominando los mercados, imponen precios abusivos a medicamentos imprescindibles para la vida. Los altos precios sitúan los remedios fuera del alcance de la mayoría de las personas y condenan a los enfermos a una muerte segura por falta de recursos económicos. Países que aún no han priorizado la libertad de empresa y tratan de ayudar a las personas necesitadas, también tienen dificultades para hacerlo porque los precios impuestos por el mercado resultan astronómicos.

Pasó con el Sovaldi para la Hepatitis C en España, donde se han producido  muchas muertes por falta del medicamento, y cada vez pasa con más frecuencia. Ahora es un antialérgico que la empresa propietaria ha subido su precio un 400%.

Pero no son las farmaceúticas las únicas culpables. También las aseguradoras que se benefician de estas subidas porque en compensación ellas también suben sus mensualidades y aquí se entra ya en la especulación financiera con la salud.

La solución es fácil. Esto es un delito contra la salud y contra la vida. Los estados no pueden aceptar estas reglas del juego impuestas por el capitalismo salvaje porque dañan las posibilidades de vida de muchos ciudadanos. La corrupción fortalece estas reglas injustas y la escasa democracia facilita la aprobación de normas que favorecen a los más ricos y perjudican a la mayoría de las personas.

La salud y la vida tienen que ser derechos humanos respetados por encima de las leyes del mercado.  Todos los organismos nacionales e internacionales que permiten o toleran estos atentados se convierten en cómplices de organizaciones criminales.