Mucho franquismo en los altos tribunales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que nombra a los jueces principales en los procesos por corrupción (entre otros), lleva 1000 días bloqueado por el PP, no por las peleas Gobierno-PP como dicen RNE y muchos otros medios, porque le interesa al partido más corrupto de Europa.

El Tribunal Supremo, presidido por la misma persona -alto cargo en el gobierno de Aznar- que el CGPJ, inhabilitó por nueve años al juez Garzón cuando investigaba la Gürtel y el Franquismo y ahora el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictamina que el proceso fue “arbitrario” y pide al Estado de España “una reparación integral” al juez, pero el Tribunal Supremo no se da por aludido. No es la primera vez que organismos internacionales reprueban sentencias de este alto tribunal, lo que convierte a nuestro país en algo parecido a una república bananera.

Paralelamente, el Tribunal Superior de la Comunidad de Madrid exige reintegrar al General Millán Astray el nombre de una calle que, en base a la Ley de Memoria Histórica, se había asignado a Justa Freire una maestra ejemplar. Que el TSCM alegue que no está clara la participación del General en el golpe de Estado del 36, muestra o una falta absoluta de conocimientos históricos, lo que le descalifica para ejercer la Justicia, o una sentencia poco ejemplar, cuando menos.

Es vergonzoso, de cara a los países civilizados con los que tratamos de relacionarnos, que 45 años después de la muerte del dictador, el franquismo esté resucitando amparado por las instituciones “democráticas”.

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