Este manifiesto es una iniciativa de la Asociación por el Derecho a una Muerte Digna y lo han firmado ya más de 180 juristas.

En los próximos días, las Cortes Generales abordarán la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. El reconocimiento del derecho a decidir sobre la propia vida y la no consideración de la imposición de esta, más allá de la voluntad de su titular, es una consecuencia coherente de la dignidad de la persona, que el artículo 10 de la Constitución proclama como «fundamento del orden político y de la paz social».

Solo así alcanza su pleno sentido el Estado social y democrático de Derecho, pues solo mediante la consideración de los ciudadanos y ciudadanas como dueños de sus propios destinos, sin más limitación que el respeto a los derechos de los demás –y ese es el sentido del término «dignidad»– es posible concebir su funcionamiento.

La vida, derecho fundamental sin cuya garantía no es posible el ejercicio de ningún otro, no puede convertirse en una imposición a quien, en pleno uso de su capacidad de decisión, manifiesta de manera inequívoca su voluntad de morir cuando se encuentra en unas determinadas condiciones que le resultan insoportables. Y es deber del Estado democrático facilitar que tan trascendental tránsito pueda llevarse a cabo con la asistencia de quienes, por sus conocimientos profesionales, pueden hacerlo menos traumático y con los menores sufrimientos posibles. Y todo ello sin merma alguna del deber de proporcionar todos los cuidados paliativos a quien los necesite para mitigar su sufrimiento.

La regulación de ese proceso, estableciendo las necesarias garantías para que la voluntad propia sea inequívoca, firme y no pueda ser suplantada, y para que su ejecución se materialice de la manera más acorde con la dignidad constituyen, precisamente, el contenido de la proposición de Ley Orgánica.

Nada de esto tiene que ver con prácticas que, ignorantes precisamente de esa dignidad, hayan abandonado a su suerte a enfermos que precisaban de asistencia médica, ni mucho menos con el inicio de desvalor de la protección de la vida humana, como se ha pretendido. Al contrario, son fruto de una Bioética y un Derecho que anteponen la persona y su dignidad a consideraciones que, debiendo ser respetadas, no pueden ser impuestas en un Estado democrático que proclama la libertad y el pluralismo político como «valores superiores de su ordenamiento jurídico».

Por todo ello, los firmantes, juristas comprometidos con una aplicación humana y democrática del Derecho, manifestamos nuestro apoyo a la misma.

Noviembre, 2020