Tribunales contra la justicia fiscal

Uno de los factores que acrecientan la desigualdad social en España es la injusticia de las políticas fiscales. Que las familias soporten el 85% de la carga fiscal y el otro 15% lo hagan las grandes empresas y grandes fortunas, solo es posible con la bendición del ministerio de Montoro. Que el fraude fiscal se estime en 80.000 millones de euros va en el mismo lote. Esto es comprensible dada la corrupción del gobierno, lo que es más difícil de aceptar es la colaboración de los altos tribunales.

Según explica Eduardo Bayona en Público.es “Las empresas del Ibex quintuplican en seis años su presencia en paraísos fiscales”, y el Ayuntamiento de Zaragoza no podrá impedir que “empresas sancionadas por realizar actividades ilegales vinculadas a paraísos fiscales” se hagan con contratos municipales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha suspendido cautelarmente la inclusión de esas cláusula social en las licitaciones.

Según este artículo las firmas con mayor presencia en áreas off-shore son Banco Santander, con 216; la constructora ACS (Florentino Pérez), con 152; la siderúrgica ArcelorMittal, con 145, y la petrolera Repsol, con 120.

Los ayuntamientos del cambio están tratando de evitar las injusticias fiscales con nuevas políticas administrativas y esta vez no chocan sólo con el clásico apoyo de Montoro al fraude fiscal, sino también con el Tribunal Superior de Justicia de Aragón que protege el “libre mercado” aún a costa de la pobreza de los españoles.

No es raro que en la tumba de Franco no falten flores frescas, lo dejó todo atado y bien atado. Y que no nos vengan con lo de la Santa Transición.

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