Frente a la impunidad de los delitos económicos, la Justicia del PP encausa los delitos de opinión, castigando la libertad de expresión cuando va contra sus intereses.

En la Audiencia Nacional comienzan estos días siete juicios por comentarios en las redes sociales, que van desde chistes sobre Carrero Blanco hasta “delitos de enaltecimiento del terrorismo”. Habría que dejar claro que no es lo mismo actos de terrorismo que opiniones sobre el terrorismo, como tampoco es lo mismo terrorismo real que terrorismo en la ficción (caso titiriteros), pero tanto unos como otros son utilizados por un sistema judicial muy poco independiente para defender los intereses de los poderosos.

Es posible que estas acciones judiciales, en un sistema colapsado por la falta de personal y medios materiales, quieran distraer del ocultamiento o abandono en que se tienen los delitos económicos y de corrupción. En todo caso, esto es más propio de un país del tercer mundo que de un país europeo, lo que indica la ruta por la que nos conduce el gobierno de Rajoy y sus mariachis.

La Ley Mordaza y estas iniciativas judiciales nos acercan mucho a las dictaduras y estaría bien que González y Aznar, luchadores por la libertad en Venezuela, se ocuparan un poco de su situación en España, porque la libertad de expresión está aquí pasando por un mal momento. Aunque es posible que sus muchos negocios no se lo permitan.