Tras las numerosas medallas policiales que el ministro de Interior anterior concedió a diversas vírgenes pidiéndoles apoyo, Pepa Bueno, desde la SER, reclama lo suyo.

Desde las ocho de la mañana ha estado clamando en defensa de la Guardia Civil atacada en Alsasua, en un bar de copas a altas horas de la madrugada.

Este incidente ha sido calificado de terrorismo por la Audiencia nacional, lo que el magistrado emérito del Supremo Martín Pallín ha calificado de “sobreactuación judicial”, porque “El Derecho no está para crear conflictos, sino para solucionarlos”, al tiempo que defiende que la Audiencia Nacional nunca debió asumir la investigación abierta por una juez de Pamplona, por los delitos de lesiones y atentado a la autoridad. También el gobierno de Navarra ha criticado esta calificación.

Según parece, en este momento, gran parte de la población de Alsasua repudia a la Guardia Civil. Esta situación no debiera de chocarnos porque sabemos los excesos de las fuerzas represivas en el País Vasco y Navarra durante el franquismo y más tarde con Inchaurrondo y el Gal.

En democracia, lo que llaman Fuerzas de Seguridad deben estar al servicio de los ciudadanos, pero la historia de este cuerpo, cada vez más militarizado, no destaca por esa dedicación, más bien por la defensa de los caciques de turno (cine y literatura dan buenas muestras de esto).

Si una población no quiere un cuartel de la Guardia Civil deberían llevárselo a otro lado. Pero desde la Ley Mordaza está claro que este gobierno lo que necesita es tener amedrentado al personal para poder seguir ejecutando políticas económicas que trasladen las rentas del trabajo a los bolsillos del capital.

Todo esto, el mismo día en que El País titula: “El fiscal denuncia a 137 guardias civiles por cobrar facturas falsas”.