El pasado martes, Gerardo Iglesias había sido citado por un juzgado de Oviedo para declarar sobre las torturas que sufrió en el franquismo, pero la Fiscalía del Estado ha suspendido esta y otras declaraciones previstas a petición de la justicia de Argentina.
En vista de que la justicia española se negaba a investigar dichos crímenes, el 14 de abril de 2010, las víctimas del franquismo interpusieron una querella ante los tribunales de justicia de la República Argentina, amparados en la legislación internacional de la ONU sobre Justicia Universal, con el objetivo de que se investiguen los crímenes cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, se identifique a sus responsables y se los sancione penalmente. Esta querella fue admitida en un Juzgado de Buenos Aires.
Desde entonces, la justicia española y el gobierno están entorpeciendo todas las investigaciones de este juzgado, que pretende que declaren 19 personajes franquistas entre los que están Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina (suegro de Gallardón).
El partido gobernante no sólo no ha condenado el franquismo, sino que trata de entorpecer la investigación sobre sus crímenes, de la misma manera que trata en este momento de impedir que se juzgue la corrupción sobre la que ha construido su poder.
¿No puede la Justicia Española impedir que gobierne un partido que se ha presentado a todas las elecciones falseando su financiación? ¿Puede seguir funcionando un partido que tiene a todos sus tesoreros encausados?
Un nuevo gobierno del PP será una vergüenza para los españoles que legalmente no lo habremos podido evitar y será interesante ver qué otros partidos participan, por activa o por pasiva, en esta villanía.