El PP ha impuesto una Ley, aprovechando su mayoría absoluta en el Congreso, que restringe las libertades individuales que tutela la Constitución y que atribuye a la Administración (es decir, a ellos mismos), al margen de la Justicia, la capacidad de poner multas a los ciudadanos de hasta 600.000 euros a ciudadanos que no disponen de ellos, porque los que los tienen no van a ser castigados con esta Ley.

Soledad Gallego-Díaz, muestra hoy su extrañeza por una Ley que no responde a ninguna necesidad de los ciudadanos, quizá no repara en que responde exclusivamente a una necesidad del Gobierno. Un Gobierno que, desde que se creó, está gobernando a favor de los poderosos y en contra de los ciudadanos y que ha logrado que España sea el segundo país de Europa con mayor desigualdad y que además está implicado en numerosos casos de corrupción, no puede estar tranquilo en un sistema democrático porque teme la respuesta (democrática) de los ciudadanos. Por eso, trata de blindarse contra todos sembrando el terror.

¿Merece la pena llevar esta Ley al tribunal Constitucional? Este tribunal ha mostrado su ineficacia tardando años en dictar sentencias. ¿Qué salida queda? ¿Ocupar el Congreso para que no sigan haciendo terrorismo legislativo? Esto no es digno de una Democracia, pero quizá sea eso lo que están tratando de provocar. No olvidemos que la Dictadura de Primo de Rivera evitó que se difundiera el estudio sobre la corrupción de la Guerra de África.