El Consejo Empresarial para la Competitividad, formado por las 18 mayores empresas españolas y encabezado por Telefónica, propone una serie de medidas para crear empleo que, según ellos, es el mayor problema de los españoles.

No contemplan la corrupción porque se basa en la complicidad de políticos y empresarios y la mayor parte de las medidas que proponen consisten en reforzar las políticas actuales que tan mal resultado están dando para nosotros y tan bueno para ellos. Porque estas grandes empresas son las que se están beneficiando de la crisis.

Les preocupa la economía sumergida y el fraude laboral, por lo que piden que se aumenten los inspectores laborales, medida que perjudicaría más a las pequeñas y medianas empresas que serían las más perjudicadas. Perseguir el fraude laboral, como todo fraude, siempre será bien recibido por todos, pero es mucho más grave el fraude fiscal y no piden ni más inspectores fiscales ni medidas contra los paraísos fiscales que es lo que nos convendría a la mayoría de los españoles. En cambio piden tratamientos fiscales más favorables y subida de los impuestos indirectos, cuando las familias estamos tributando por encima del 22% y ellos alrededor del 2%.

Piden que se favorezca el engrosamiento de las empresas, lo que ayudaría a debilitar la competencia, cuando gracias a los acuerdos ilegales y a la fortaleza de estas 18 grandes empresas, los españoles tenemos la telefonía y la energía más cara de Europa.

Piden una política energética sostenible basada en el apoyo al fracking en lugar de a las energías renovables. Su cinismo no tiene límites.

Este sesudo informe de las empresas que están gobernando el país, huele a propuesta que no podrán rechazar PP y PSOE, de cara a recibir “ayudas” para las próximas elecciones. Para la mayoría de los españoles los políticos del bipartidismo no tienen ninguna credibilidad, pero los grandes empresarios tampoco, porque todos están en el mismo “negocio”.