Cada día nos sorprenden con nuevos desatinos.
El Tribunal Supremo que tiene causas pendientes para dar y tomar, prosigue el encausamiento del juez Garzón, a petición de varios grupos ultraderechistas, por investigar los crímenes del franquismo. Que dicho tribunal admita esta querella, contra la opinión del fiscal, que ha pedido su archivo, da idea de por donde anda el alto tribunal.
Pero los bajos tampoco van mal. Una jueza de Illescas ha impuesto una fianza de un millón de euros al alcalde de Seseña, que consiguió parar el despropósito de la urbanización de El Pocero. El promotor, que le considera culpable del fracaso de su pelotazo, le ha denunciado por calumnias que el alcalde niega.
Ya que este alcalde de IU es de los que ganan poco con respecto a otros, o lo normal con respecto a los sueldos de los españoles, la fianza supone algo más de 400 veces su sueldo. La jueza le da un día para pagar la fianza y en caso contrario pide el embargo de sus bienes por tal cantidad. Como este alcalde no es un chorizo - ni tiene ese dinero, ni sus bienes dan para tanto- no sale de su asombro. Yo tampoco. ¿Tendrá que hacer alguna recalificación para no ir a la cárcel?
El alcalde anterior (socialista) que, según El País, “incrementó considerablemente su patrimonio durante la tramitación e incurrió en delitos de prevaricación, cohecho y contra Hacienda”, así como dos concejales socialistas y el hijo del ex-alcalde que, también según El País de hoy, terminaron trabajando para El Pocero, estarán partiéndose de risa.
¿Podrían, por lo menos, incluir en las oposiciones a la judicatura un tema sobre “sentido común”?